Frenaron en el Senado bonaerense un nuevo intento kirchnerista de liberar presos en forma masiva

Politica | 2020-09-01 | 16:49:59


Esta vez, con la excusa de adecuar el Código Procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, quisieron introducir normas abolicionistas. “Una burla a la dignidad” de los deudos de los muertos por la delincuencia, dijo el abogado César Mayer, de Usina de Justicia

En los últimos años, hubo reiterados intentos de resolver el hacinamiento carcelario desde una perspectiva excluyentemente abolicionista, liberando presos.

En 2013, un proyecto de ley promovido por la Procuraduría Penitenciaria pretendía fijar un cupo en cada cárcel por encima del cual sería obligatorio acortar los plazos para liberaciones anticipadas.

Pero un nuevo intento -más solapado y descarado a la vez, como se verá- se produjo la semana pasada en el Senado bonaerense. Con una demora de tres años, esa cámara se disponía a debatir por fin la adecuación del Código Procesal Penal de la provincia a la Ley de Víctimas aprobada por el Congreso nacional en 2017.

Esta Ley 27372 (Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos) es de orden público: las provincias deben adoptarla o bien adecuar a ella su normativa; este último es el caso de Buenos Aires.

El kirchnerista Frente de Todos no tiene mayoría en el Senado provincial pero domina una de las comisiones que debía tratar el tema, la de Legislación General, que preside el senador Francisco Durañona. El proyecto por debatir -que también había pasado por la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos- había sido elaborado en conjunto por legisladores de Juntos por el Cambio -los senadores Walter Lanaro, Lorena Petrovich, Lucas Fiorini, Franco Bagnato y María Belén Tapia, y la diputada Carolina Piparo-, previa consulta con otras fuerzas políticas y con las asociaciones de víctimas, promotoras de la Ley a nivel nacional.

Hasta la sanción de esta ley, la persona víctima de un delito quedaba librada a su suerte. Si disponía de los medios suficientes para contratar un buen abogado, podía constituirse en parte querellante en el proceso, pero a su cuenta y cargo. Los familiares de un muerto por la delincuencia no están preparados para semejante contingencia; nadie los informa ni los asesora. Mientras tanto, el perpetrador del delito tiene derecho a un defensor público si es solventarlo. Antes de esta ley, si el damnificado no contrataba un abogado, no tenía ninguna participación en el proceso. Ninguna, ni siquiera derecho a interiorizarse de la evolución de la causa, ni a ser notificado, por ejemplo, en caso de que el victimario fuese beneficiado con una liberación anticipada o una morigeración de pena.

La insólita huida del kirchnerismo

Ahora bien, en la sesión de la semana pasada, cuando se debía someter a votación el dictamen, el senador Francisco Durañona abandonó la reunión por zoom que él mismo presidía. Previamente, el kirchnerismo había elaborado un dictamen de minoría francamente desopilante que motivó durísimas críticas de las asociaciones de víctimas y la denuncia por parte del vicepresidente de la Comisión de Legislación General, Leandro Blanco (Juntos por el Cambio), de la “actitud dilatoria y antidemocrática de los representantes del Frente de Todos, que intentaron de forma intempestiva bloquear el tratamiento del proyecto”.

En vez de adecuar el código procesal de la provincia a la Ley de Víctimas, el dictamen kirchnerista introducía una serie de normas para beneficiar a los victimarios.

Esto fue denunciado por el abogado César Mayer, que habló en representación de la asociación civil Usina de Justicia, y que calificó ese dictamen de “burla”, “engaño” y “atropello a la dignidad de las víctimas, aquéllas a las que el ministro y los senadores oficialistas debieran proteger”. Estaba aludiendo al ministro de Justicia de la provincia, Julio Alak, impulsor de estas modificaciones al Código destinadas a obtener la excarcelación de la mayor cantidad posible de presos.

iva de su victimario, le van a exigir que constituya una fianza, una contracautela. O sea, para pedirle al juez va a tener que poner plata, ofrecer un bien a embargo”.

Y siguió: “Si el fiscal pide una detención o una prisión preventiva, se le ordena al juez que siempre sustituya esa medida por otra menos gravosa, no importa el delito cometido, ni la prueba que haya contra el imputado: siempre la tiene que sustituir por otra que no implique la detención”.

Ahora bien, siguió explicando Mayer, “si un fiscal solicita el cese de una detención o de una prisión preventiva, este pedido es inmediatamente vinculante –obligatorio- para el juez”.

La cosa va in crescendo. Otra de las normas insólitas del despacho, dijo Mayer, es que “si el imputado viola la prisión domiciliaria, el juez tampoco lo puede mandar a detención o prisión preventiva”.

Por si no bastara, otras cláusulas determinan la domiciliaria para todos los condenados a 6 años de prisión, una vez cumplidos 3; y lo mismo respecto de todos los condenados a 3 años de prisión, cuando hayan cumplido uno. “Esto -dijo Mayer- interfiere con el código penal, en virtud del cual se dictan condenas que son de cumplimiento efectivo, además de que estas detenciones domiciliarias no son ordenadas en función de características particulares de cada caso sino en forma general, lo cual implica una especie de amnistía encubierta, una reducción general de penas”.

La frutilla del postre es una cláusula que determina que cuando haya una audiencia para definir medidas cautelares, se prohíbe la lectura de la requisitoria y de cualquier información relativa al imputado. “Solo se puede leer el número de causa y el nombre del imputado -señaló Mayer-; es decir, al juez que debe decidir sobre la excarcelación o morigeración de pena, se le oculta la calificación de conducta, el comportamiento del interno en prisión, si ha cometido nuevos delitos, etcétera”.

El fundamento de esto último es difícil de concebir desde el sentido común: ¿será para no estigmatizar?, ¿para no victimizar al victimario?

“Parece increíble que tal esperpento jurídico haya sido pergeñado por el kirchnerismo para ser incluido en un proyecto de Ley de Víctimas”, dijo César Mayer a Infobae. “Proponen todo lo contrario a la protección de los derechos de las víctimas”.

“La gente no quiere a los condenados en sus casas o libres por la calle. La Ley de Víctimas es una deuda con la sociedad. Y la triste huida de los senadores kirchneristas al momento de votarla es un síntoma alarmante del estado de la clase política”, afirmó Mayer.

La actitud de la bancada oficialista no fue impedimento para que el proyecto consensuado avanzara. En la Comisión de Legislación General, los senadores que quedaron tras la salida del Frente de Todos votaron el despacho de mayoría; la reunión estaba iniciada y solo se había hecho una pausa. Pero a posteriori los senadores kirchneristas objetaron el procedimiento. Se acordó entonces que este lunes haya una nueva sesión. Si hay acuerdo, hoy se volverá a votar el texto de mayoría, con la presencia de la bancada del Frente de Todos, y alguna leve modificación. Pero si no hay acuerdo, se dará por válida la votación de la semana pasada.

Fuente: Claudia Peiró de Infobae



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