Cómo es el “cortito” que dejó un muerto, 22 balazos, heridos y purga policial

Policiales | 2019-04-03 | 10:36:40


El enfrentamiento entre los efectivos de la DDI de Avellaneda y los detectives de la Policía Federal fue el corolario de una práctica de la recaudación ilegal que se conoce como el "cortito". Se trata de un secuestro realizado por policías a personas vinculadas con delitos.

En el "cortito", los policías amenazan con armar una causa penal, con posterior detención en caso de que no se pagase una determinada suma de dinero. Se denomina "cortito", porque los policías están obligados a actuar con celeridad debido a que no dejan consignada en el libro de guardia la presencia de un sospechoso en la dependencia.

En el caso de la mujer que denunció a los policías, de la DDI de Avellaneda por exigirle $200.000 para no armarle una causa por drogas, a su esposo la tuvieron 50 minutos esposada en un automóvil de la dependencia. A modo de anticipo, la mujer entregó $30.000. Llevaba el resto del dinero cuando se produjo el tiroteo en la estación de servicio. Hubo 22 disparos. El comisario fallecido recibió nueve balazos.

Convencidos de que la extorsión a una pareja de narcotraficantes no fue un hecho aislado, los investigadores judiciales y de Asuntos Internos comenzaron a revisar todos los automóviles secuestrados en la Dirección de Investigaciones de Avellaneda para tratar de establecer si los policías de esa dependencia escondieron droga o dinero.

Luego del mortal tiroteo entre efectivos de esa dependencia y detectives de la División Drogas Urbanas de la Policía Federal, comenzaron a ser investigados todos policías que se desempeñan en la DDI de Avellaneda.

A raíz del enfrentamiento y la imputación por extorsión, la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, separó a nueve efectivos de la mencionada dependencia. Entre los policías pasados a disponibilidad figuran todos los integrantes del Gabinete Antidrogas y todos los miembros del Gabinete Antisecuestros.

El listado del personal investigado y desafectado incluyó al jefe de la dependencia, comisario mayor; al responsable del grupo Antisecuestros (el detenido subcomisario Luis Otero), y al segundo jefe del grupo Antidrogas.

Anoche, mientras los funcionarios judiciales y de Asuntos Internos, revisaban uno por uno los automóviles secuestrados en el playón de la DDI situado en Onzari y Venezuela, en Wilde y en un depósito de la otra sede de la dependencia en 12 de Octubre, a dos cuadras de Mitre, en Avellaneda, la fiscal Soledad Garibaldi se disponía a tomarles declaración indagatoria a los tres policías detenidos después del tiroteo.

Según fuentes judiciales, uno de ellos, el sargento Eduardo Franicevich sería el policía que descendió del Toyota Etios blanco y cobró los $170.000 que le habría entregado la mujer de un narcotraficante, de nacionalidad dominicana, que denunció a los efectivos de la DDI de Avellaneda.

Franicevich, Otero y el oficial Silvio Vergara, pasaron a engrosar la lista de 420 efectivos de la policía bonaerense apresados por corrupción en los últimos tres años.

El primero de los tres efectivos detenidos y el comisario Hernán David Martín, quien falleció en el tiroteo con los efectivos de la Policía Federal, se desempeñaban en el Gabinete Antidrogas, que debe combatir el narcomenudeo. Martín había ascendido el año pasado. Mientras que los otros dos policías estaban asignados al grupo Antisecuestros y, si bien, no participaron del enfrentamiento, quedaron detenidos porque aparecen llamados con Martín y Franicevich y, además, estaban en la estación de servicio en el momento del tiroteo; una circunstancia que no pudieron explicar.

No es la primera investigación contra efectivos de la DDI de Avellaneda. En tres años, el Ministerio de Seguridad bonaerense tuvo que cambiar tres veces la cúpula de dicha dependencia en Avellaneda, donde la secretaría municipal de Seguridad es la anterior ministra nacional Cecilia Rodríguez.

Actualmente están presos diez efectivos de la DDI de Avellaneda, entre ellos figuran tres comisarios mayores que se desempeñaron como jefes de esa dependencia que, entre otras fuentes de recaudación ilegal, se dedicaban a cobrar coimas a los puesteros de La Salada.

"No había límites. Todo era válido con el objetivo de recaudar dinero". Con esta frase, tres jueces de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora describieron los métodos que aplicaba la banda de policías bonaerenses que extorsionaba a comerciantes y liberaba zonas para que delincuentes cometieran entraderas, al confirmar los procesamientos con prisión preventiva a los diez efectivos detenidos en junio pasado, a partir de una investigación que supervisó el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera.

Hace tres años, durante un allanamiento realizado en la de la calle 12 de Octubre, la Justicia descubrió incluso que algunos policías del Gabinete Antidrogas habían reemplazado cocaína, que tenían en custodia, por harina.



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