El MTE de Juan Grabois paró las obras de la calle Warnes en Diamante porque la quieren hacer ellos

Sociedad | 2019-05-23 | 16:17:14


Alrededor de 20 personas pertenecientes a la “rama de liberados” del llamado Movimiento de Trabajadores Excluidos que dirige Juan Grabois, paró hoy las obras que el Municipio está realizando en la calle Warnes de Villa Diamante e hizo una olla popular, porque dicen que la quieren hacer ellos.

Este es un viejo reclamo de los vecinos de Villa Jardín y Diamante que hoy se está llevando a cabo. La realización de las obras tuvo pasos legales y administrativos, tanto en el Concejo Deliberante como en el Ejecutivo municipal. Lo inoportuno de la acción de este grupo socio- político es que en esas instancias no hicieron ningún pedido para poder trabajar en dichas tareas, a pesar de tener en el Concejo Deliberante, concejales cercanos a ese movimiento.

N. de R.: Queja o reclamo: Es muy común confundir una queja con un reclamo, a veces se emplean como sinónimos, sin embargo, presenta una notable diferencia.

Una queja es un lamento, expresión de enojo, que generalmente se realiza con resentimiento, y tiene como objetivo denostar a su destinatario, más que resolver el problema planteado.

A diferencia de la queja el reclamo es una petición basada en algo que se considera justo y tiene como propósito final resolver el tema.

En el caso que nos ocupa, resulta claro que más que reclamo la acción de este grupo fue una queja encubierta en una necesidad que puede ser considerada justa, pero no es la manera de llegar a su solución cortando la obra, porque además de inconducente perjudica a los propios vecinos.

Es cierto que las leyes provinciales 14 301 y la12 256 en su artículo 218 establecen que “en toda obra pública y/o concesión de la misma y/o contrato de suministro que implique servicios, realizados por el Estado Provincial por medio de contratistas privados, cualquiera sea su forma de ejecución, se deberán emplear, en la forma y condiciones que determine la reglamentación, los condenados del régimen abierto a cargo del Servicio Penitenciario y los liberados bajo tutela del Patronato. El porcentaje de condenados y liberados a ocupar en forma efectiva deberá ser equivalente al cinco (5) por ciento del total del plantel afectado a la obra. La relación entre el contratista y el condenado y/o liberado estará regida por las normas del derecho del trabajo y la seguridad social, no asumiendo el estado provincial responsabilidad alguna en dicha contratación.

El incumplimiento por parte de los contratistas de aquella obligación será sancionado con una multa diaria equivalente a cinco (5) salarios mínimos, vitales y móviles diarios por persona no ocupada y por el lapso que abarque el incumplimiento.

Exceptuase, de la obligación que impone el presente artículo a todo contratista cuya empresa ocupe menos de veinte (20) trabajadores.

Pero esa obligación es, como dice la norma, cuando la obra la realiza el estado provincial.         

Hubiera sido más conducente, recurrir al Concejo Deliberante o al propio ejecutivo municipal a solicitar lo peticionado; sin incurrir ni en contravención, delito o perjudicar a los vecinos con la paralización de un anhelado reclamo.



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